El 1 de enero de 1999 entró en funcionamiento el euro en España. Para llegar a poder formar parte de la moneda única, los españoles tuvimos que hacer un esfuerzo y cumplir con los llamados criterios de convergencia (o criterios de Maastricht):
- La inflación no pudo ser mayor que un 1.5% respecto a la media de los tres estados de la Eurozona con menor inflación.
- El déficit presupuesario de las administraciones públicas tenía que ser menor que el 3% del PIB.
- La deuda pública de las administraciones públicas no podía representar una cantidad mayor que el 60% del PIB.
- El estado debía participar en el mecanismo de tipos de cambio del euro.
- El tipo de interés nominal a largo plazo no podía ser superior en un 2% a la media de los tres estados con menores tasas de inflación.
Ello provocó que los costes de financiación de la economía española descendieran a unos niveles nunca vistos provocando una expansión del crédito en España. Los déficits de la balanza comercial ya no provocarían una devaluación de nuestra moneda, sino que serían financiados internamente pidiendo prestado a entidades financieras de países del euro con superávit.
Sin embargo, a la vez que perdimos la autonomía monetaria mantuvimos el control sobre la política fiscal, una combinación explosiva ya que podría haber desequilibrios fiscales y competitivos en una unión con la misma política monetaria.
El primer error fue no coordinar desde Bruselas todas las políticas económicas (laborales, fiscales, etc) que supusieran una convergencia real, no sólo monetaria.
El segundo error ha sido, que una vez que se ha detectado el primer error de forma tardía y en plena crisis, no se han establecido mecanismos para que los estados puedan tener la posibilidad de financiación frente a crisis de solvencia y liquidez.
El hecho de que los estados del euro delegaran la política monetaria en el banco central europeo no quiere decir que tengan que renunciar a tener los instrumentos monetarios básicos de cualquier estado, como la financiación del déficit público en épocas de crisis. No se puede dejar a un estado sin un prestamista de última instancia que actúe de garante de la confianza ante cualquier ataque que sufra la deuda pública del estado. Ningún país aguantaría un ataque de confianza contra su deuda sin el recurso a la compra de bonos por parte del banco central.
Por lo tanto, España perdió su autonomía no en mayo de 2011 sino con la entrada en el euro, pero nadie dijo entonces que perder la autonomía iba a suponer perder una función esencial en el sistema monetario actual, como la de contar con un prestamista en última instancia.
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